Bajo la premisa de avanzar en la mejora de la calidad del servicio de Internet y proteger los derechos de los usuarios mediante marcos normativos adaptados a las necesidades de conectividad del país, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) realizó la Audiencia Pública para analizar el Proyecto de Providencia Administrativa sobre Condiciones Generales para el Establecimiento de un Punto de Intercambio de Tráfico de Internet Nacional (IXP) y la Reforma de la Providencia Administrativa contentiva de los Atributos de las Habilitaciones Generales.

El espacio de consulta y participación ciudadana, integrado por el ente regulador, operadores de internet públicos y privados, usuarios organizados e interesados en la materia, permitió exponer los fundamentos técnicos, económicos y jurídicos de cada propuesta y recibir observaciones y aportes para avanzar en la actualización del andamiaje normativo orientado a potenciar la eficiencia del sector en función de los derechos del usuario.

Amparado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, la Ley Orgánica de la Administración Pública y la Resolución Contentiva de los mecanismos de Consulta pública Previa de Conatel, este mecanismo de debate constructivo contribuye a garantizar la seguridad jurídica, asegurar la viabilidad técnica de las normas y fomentar la competencia justa en consonancia con los nuevos desafíos del sector de las telecomunicaciones.

«Nosotros tenemos grandes retos como nación y el sector telecomunicaciones está llamado a ser el instrumento, el puente por el cual podamos lograr el desarrollo de la nación», puntualizó el director general de Conatel, Enrique José Quintana Sifontes.

Enfatizó que el intercambio de aportes permitirá afianzar los servicios de telecomunicaciones en un esquema de crecimiento económico y productivo, apalancado en pilares de transparencia, calidad y eficiencia.

«Desde Conatel tenemos la disposición de construir juntos, de escucharlos, de establecer los diálogos necesarios, de construir soluciones que eleven el desarrollo de nuestra Patria. Este camino se ha establecido desde que se construyó la Ley, lo que estamos es utilizando estos mecanismos para poder construir camino de convergencia, entendimiento y tolerancia en función de garantizar calidad de servicio para el usuario final», precisó.

Debate para fortalecer las telecomunicaciones

El primer instrumento abordado fue el proyecto de “Reforma de la Providencia Administrativa contentiva de los Atributos de las Habilitaciones Generales” que abarcó el análisis de los cuatro artículos propuestos.

El propósito central es incorporar el atributo de «Punto de Intercambio de Tráfico de Internet Nacional» como nueva figura dentro del esquema normativo venezolano, brindando legalidad a los actores que desplieguen esta infraestructura.

Por otra parte, se concretó la discusión sobre el “Proyecto de Providencia Administrativa sobre Condiciones Generales para el Establecimiento del Punto de Intercambio de Tráfico de Internet Nacional”, compuesto por 33 artículos distribuidos en ocho capítulos, así como sus disposiciones transitorias y finales.

El documento busca definir las reglas técnicas, económicas, administrativas y de interconexión de cumplimiento obligatorio para la instalación y operación de los IXP en el país.

Estas condiciones regulatorias apuntan a que el tráfico del servicio de internet originado y destinado dentro del territorio nacional sea enrutado localmente, sin necesidad de transitar por enlaces internacionales, lo que optimizaría el uso del ancho de banda internacional y reduciría los tiempos de respuesta.

Asimismo, abre la posibilidad de que Proveedores de Redes de Entrega Contenidos (CDN), puedan alojarse en los puntos de intercambio de tráfico de Internet (IXP), contribuyendo con ello a que todos los operadores del Servicio de Internet tengan acceso a cursar tráfico de alta demanda como local.

La regulación se alinea con estándares internacionales y las mejores prácticas de la región, entre ellas Brasil, Argentina, Chile, Perú, Bolivia y Ecuador que ya han normado su operación para garantizar la protección de operadores y usuarios.

En este sentido, el atributo especial estará adaptado a los requerimientos de interconexión, neutralidad de red, ciberseguridad, estadísticas al alcance de todos, protocolo IPv6 y sistemas de medición que garanticen la calidad del servicio.